La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo para la salud pública de estos y exige una respuesta internacional coordinada.

En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado hasta en seis ocasiones.

A esta norma, le han seguido una cascada de disposiciones adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como económicas que ha generado la situación.

Así, en Extremadura se han dictado medidas en diversos ámbitos como el sanitario, educativo, comercial, tributario y de empleo entre otros, y mediante el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

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La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo para la salud pública de estos y exige una respuesta internacional coordinada.

En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado hasta en seis ocasiones.

A esta norma, le han seguido una cascada de disposiciones adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como económicas que ha generado la situación.

Así, en Extremadura se han dictado medidas en diversos ámbitos como el sanitario, el educativo, comercial, tributario, y de empleo entre otros, y mediante el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

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La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones del programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción regulado en el Capítulo VII de la Orden de 30 de junio de 2020, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

El objeto del programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción es fomentar la promoción, con destino venta o arrendamiento, de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial, incluidas las modalidades de vivienda protegida ampliable y vivienda del programa especial.

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Estas ayudas se encuadran dentro del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estat al destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, de la Comisión Europea, (DOUE C 91 I/1, de 20 de marzo de 2020), donde se analiza la aplicabilidad del artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el cual establece que “podrán considerarse compatibles con el mercado interior: b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro”. El artículo 22 de citado Marco Temporal señala que la Comisión considerará tales ayudas estatales compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumpla la totalidad de las condiciones

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La presente norma limita el alcance del Programa de ayuda directa a la entrada y Programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción y lo hace con la firme vocación de racionalizar el fomento público de la vivienda protegida de nueva construcción en Extremadura, que adopta la forma de subvención; para así poder destinar estos mismos recursos a otras estrategias más respetuosas con el urbanismo y el medio ambiente. Asimismo, la Orden procede al establecimiento de un cuadro de ayudas coherente respecto de la vivienda protegida ampliable y la vivienda protegida autopromovida ampliable.

Estas bases reguladoras se integran en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. La norma también incorpora los mandatos del V Plan Estratégico de igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2017-2021).

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de los programas de ayudas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021 relacionadas en al apartado 1 del artículo 3.

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Mediante e l Decreto 115/2018, de 24 de julio, se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios, en consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, fijando las condiciones esenciales para la ordenación de las actuaciones y procedimientos relativos a la certificación de eficiencia energética, así como las condiciones para la tramitación del procedimiento de registro de los certificados de eficiencia energética tanto por medios electrónicos como de manera presencial.

De conformidad con lo dispuesto en su disposición transitoria tercera, relativa a la presentación transitoria de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y otra documentación en soporte papel, en tanto se desarrollasen e implementasen las aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación por medios electrónicos, y aprobadas las disposiciones de desarrollo que fuesen necesarias al efecto, la presentación de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y otros documentos contemplados en dicho decreto, sería realizada en vía presencial, en soporte papel, y una vez habilitados los medios electrónicos para el uso de los mismos por los ciudadanos, el órgano competente en materia de energía haría pública dicha disponibilidad en la Sede Electrónica Corporativa, en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana y en el Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura.

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El Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura se dictó como respuesta a la situación de emergencia generada por la crisis sanitaria y estableció, entre otras medidas, la ampliación en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa específica del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el plazo para la presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto que declara el estado de alarma y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Asimismo, se prorrogaron los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma, hasta el mismo día del segundo mes siguiente a su vencimiento.

Las medidas expuestas se decidieron y adoptaron con una previsión temporal limitada del estado de alarma y con anterioridad a la publicación de diversa normativa estatal, administrativa y también específicamente tributaria que resulta de aplicación a la Administración autonómica.

Ese nuevo marco normativo, unido a las dudas interpretativas en cuanto a la aplicación, vigencia e integración de las medidas de ampliación de los plazos, así como el hecho de
advertir, durante el estado de alarma, la existencia de situaciones no contempladas en el Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, antes citado, han llevado a considerar conveniente dictar una nueva norma que clarifique todas estas cuestiones y atienda a otras no previstas inicialmente, proporcionando al obligado tributario mayor flexibilidad en los plazos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2020. (2019063033).

Mediante Decreto 87/2016, de 28 de junio, se publicaron las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE núm. 127, de 4 de julio).

El artículo 13 de dicho Decreto establece que el procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.

Extracto de la Resolución

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La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, define el Código Técnico de la Edificación (CTE) como el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones y que permite el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en su artículo 3. El Código Técnico de la Edificación (CTE) previsto en esta ley se aprobó mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

En los Documentos Básicos que conforman la Parte II del CTE se especifican y, en su caso, cuantifican las exigencias básicas establecidas en la Parte I mediante la fijación de niveles objetivos o valores límite de la prestación u otros parámetros. Concretamente, en los documentos básicos DB-HE de «Ahorro de Energía» y DB HS de «Salubridad» se especifican y cuantifican las exigencias de eficiencia energética y las relacionadas con la salubridad, respectivamente, que deben cumplir los edificios de nueva construcción, así como las intervenciones que se realicen sobre edificios existentes.

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