Convenio entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el C.C.P.A.A.T.E, para la formación de facultativos en materia de accesibilidad universal relacionada con los procesos constructivos y la ejecución material de la edificación, los espacios públicos urbanizados y naturales.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de una fórmula conjunta de colaboración entre el Consejo de Colegios Profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para la formación de profesionales de la arquitectura técnica en materia de accesibilidad universal.

La formación estará orientada a la integración de la «accesibilidad universal» y el «diseño para todas las personas» en el ejercicio de la arquitectura técnica, mediante el estudio, la divulgación, la concienciación y la promoción de estos criterios en las distintas facetas de la profesión. Se realizará, por tanto, haciendo especial incidencia en la forma de incorporar la accesibilidad universal en la concepción de soluciones constructivas y técnicas; en la dirección de la ejecución material de las obras y el control cualitativo y cuantitativo de la construcción; en el control de la calidad de lo edificado, la emisión de informes, estudios, valoraciones, certificaciones y levantamiento de planos; en las actuaciones de Seguridad y Salud en las obras y, de forma general, a la integración con el resto de normativa aplicable a la profesión.

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Convenio entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el C.C.P.A.A.T.E, para la formación de un arquitecto técnico o titulado en cualquier grado que habilite para la profesión de arquitecto técnico, en materia de calidad de la edificación relacionada con la eficiencia energética.

El Consejo de Colegios Profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura colaborará conjuntamente con la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, bajo la supervisión de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, para la formación de un arquitecto técnico o titulado en cualquier grado que habilite para la profesión de arquitecto técnico, con el fin de la realización de un proyecto de investigación en materia de calidad de la edificación, relacionada con la eficiencia energética (estudio, divulgación y promoción de soluciones técnicas y constructivas que incrementen la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de agua en las edificaciones).

Dicha actuación se extenderá durante doce meses, desde la firma del convenio.

El objeto del presente convenio se atendrá a las normas de publicidad establecidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.

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La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo para la salud pública de estos y exige una respuesta internacional coordinada.

En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado hasta en seis ocasiones.

A esta norma, le han seguido una cascada de disposiciones adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como económicas que ha generado la situación.

Así, en Extremadura se han dictado medidas en diversos ámbitos como el sanitario, educativo, comercial, tributario y de empleo entre otros, y mediante el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

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La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo para la salud pública de estos y exige una respuesta internacional coordinada.

En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado hasta en seis ocasiones.

A esta norma, le han seguido una cascada de disposiciones adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como económicas que ha generado la situación.

Así, en Extremadura se han dictado medidas en diversos ámbitos como el sanitario, el educativo, comercial, tributario, y de empleo entre otros, y mediante el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

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La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones del programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción regulado en el Capítulo VII de la Orden de 30 de junio de 2020, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

El objeto del programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción es fomentar la promoción, con destino venta o arrendamiento, de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial, incluidas las modalidades de vivienda protegida ampliable y vivienda del programa especial.

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Estas ayudas se encuadran dentro del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estat al destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, de la Comisión Europea, (DOUE C 91 I/1, de 20 de marzo de 2020), donde se analiza la aplicabilidad del artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el cual establece que “podrán considerarse compatibles con el mercado interior: b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro”. El artículo 22 de citado Marco Temporal señala que la Comisión considerará tales ayudas estatales compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumpla la totalidad de las condiciones

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La presente norma limita el alcance del Programa de ayuda directa a la entrada y Programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción y lo hace con la firme vocación de racionalizar el fomento público de la vivienda protegida de nueva construcción en Extremadura, que adopta la forma de subvención; para así poder destinar estos mismos recursos a otras estrategias más respetuosas con el urbanismo y el medio ambiente. Asimismo, la Orden procede al establecimiento de un cuadro de ayudas coherente respecto de la vivienda protegida ampliable y la vivienda protegida autopromovida ampliable.

Estas bases reguladoras se integran en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. La norma también incorpora los mandatos del V Plan Estratégico de igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2017-2021).

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de los programas de ayudas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021 relacionadas en al apartado 1 del artículo 3.

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Mediante e l Decreto 115/2018, de 24 de julio, se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios, en consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, fijando las condiciones esenciales para la ordenación de las actuaciones y procedimientos relativos a la certificación de eficiencia energética, así como las condiciones para la tramitación del procedimiento de registro de los certificados de eficiencia energética tanto por medios electrónicos como de manera presencial.

De conformidad con lo dispuesto en su disposición transitoria tercera, relativa a la presentación transitoria de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y otra documentación en soporte papel, en tanto se desarrollasen e implementasen las aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación por medios electrónicos, y aprobadas las disposiciones de desarrollo que fuesen necesarias al efecto, la presentación de solicitudes, comunicaciones, declaraciones y otros documentos contemplados en dicho decreto, sería realizada en vía presencial, en soporte papel, y una vez habilitados los medios electrónicos para el uso de los mismos por los ciudadanos, el órgano competente en materia de energía haría pública dicha disponibilidad en la Sede Electrónica Corporativa, en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana y en el Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura.

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El Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura se dictó como respuesta a la situación de emergencia generada por la crisis sanitaria y estableció, entre otras medidas, la ampliación en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa específica del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el plazo para la presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto que declara el estado de alarma y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Asimismo, se prorrogaron los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma, hasta el mismo día del segundo mes siguiente a su vencimiento.

Las medidas expuestas se decidieron y adoptaron con una previsión temporal limitada del estado de alarma y con anterioridad a la publicación de diversa normativa estatal, administrativa y también específicamente tributaria que resulta de aplicación a la Administración autonómica.

Ese nuevo marco normativo, unido a las dudas interpretativas en cuanto a la aplicación, vigencia e integración de las medidas de ampliación de los plazos, así como el hecho de
advertir, durante el estado de alarma, la existencia de situaciones no contempladas en el Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, antes citado, han llevado a considerar conveniente dictar una nueva norma que clarifique todas estas cuestiones y atienda a otras no previstas inicialmente, proporcionando al obligado tributario mayor flexibilidad en los plazos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

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