El COVID-19 y las obras de construcción ¿Salud pública o salud laboral?

Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevase la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19) a pandemia internacional, en aproximadamente un mes mucho ha sido lo que se ha vivido en nuestro país, tanto como sociedad como desde el punto de vista laboral.

No pretendo analizar dicha pandemia y como se debería haber actuado para evitarla, o al menos reducir la trágica cifra de contagiados y fallecidos por el virus, que en el momento de la elaboración de este artículo asciende a más de 160.000 contagiados y más de 16.000 personas fallecidas.

No soy especialista ni epidemiólogo, pero son cifras desorbitadas que creo deberían hacernos reflexionar profundamente para aprender y actuar en consecuencia. Los humanos nos caracterizamos por tropezar dos veces (o más) con la misma piedra. Esperemos que la respuesta frente a una nueva y posible pandemia sea más acertada, y no volvamos a cometer los mismos errores.

Dicho lo anterior, voy a centrar este documento en exponer mi experiencia desde que estalló la situación de emergencia en su aspecto laboral.

Mucho se ha legislado en este último mes con medidas que afectan a toda la actividad laboral del país, incluyendo el sector de la construcción. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido la adopción de medidas excepcionales para hacer frente a esta coyuntura, declarándose el estado de alarma en nuestro país por medio del RD 463/2020 de 14 de marzo. Esta norma estableció limitaciones a la libre circulación de las personas, así como importantes medidas de contención de la actividad económica.

A pesar de que el citado Real Decreto y su posterior modificación a través del RD 465/2020 de 17 de marzo, no imponía la paralización de la actividad en el sector de la construcción, lo cierto es que algunas obras fueron paralizadas o se redujo drásticamente su actividad ante la dificultad por parte de los agentes involucrados de establecer medidas de seguridad y salud que garantizasen la salud de todas las personas que intervienen en el proceso constructivo. Además, se han producido casos confirmados de positivos por COVID-19 en las obras, hecho que también ha propiciado que algunas empresas, aplicando sus protocolos, hayan decidido paralizar la actividad de la obra total o parcialmente.

Esta disminución de la actividad de construcción se vio incrementada con la aprobación del RDL 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se reguló un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestasen servicios esenciales, todo ello con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. La imposibilidad de acudir a las obras por parte de los trabajadores por cuenta ajena, salvo en situaciones excepcionales reguladas en el propio RDL, ha traído como consecuencia la suspensión temporal de la actividad en la mayoría de las obras que se mantenían abiertas.

 

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