Con la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, existe una obligación en cuanto a la realización de certificados energéticos en edificios y la realización de informes de evaluación de edificios en determinados casos.

La rápida incorporación de estas normativas al panorama constructivo español, está demandando cada vez más que en la administración pública existan profesionales lo suficientemente preparados y formados para poder asesorar e inspeccionar este tipo de proyectos.

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